El actual sistema de asignación de costes de la tarifa de acceso a la red eléctrica establece que la potencia contratada cuesta lo mismo, por ejemplo, en una vivienda habitual que en una segunda residencia. Pero no es lo mismo: las instalaciones ociosas, cuya demanda se produce en épocas puntuales, obligan al sistema a estar disponible siempre al máximo de su capacidad, trasladando a todos los consumidores ese coste desproporcionado.
Por eso Grupo ASE propone, entre otras diez medidas, la introducción del coeficiente de utilización de la potencia contratada del grupo tarifario como criterio central de asignación. Con este cambio, los usuarios que consumen electricidad de manera intensiva, como sería el caso de muchas empresas, soportarían un menor coste que los consumidores ocasionales. E, igualmente, todos los consumidores que utilicen eficientemente la potencia contratada, pagarían menos. Como quien utiliza el autobús todos los días y, por eso, obtiene mejores precios medios por billete.
Si fuera como en el transporte público…
La infraestructura de transporte público facilita los desplazamientos a todos los ciudadanos. Ofrecer ese servicio tiene un coste, que pagan los usuarios que lo utilizan. Pero no todos pagan lo mismo. A modo de incentivo, quien más lo usa, menos paga. Hablamos del bonobús, la tarjeta mensual y otras fórmulas similares.
Sin embargo, si hablamos de las redes de transmisión de electricidad, no ocurre lo mismo. La potencia contratada, que es la disponibilidad que tiene que ofrecer la infraestructura, tiene el mismo coste independientemente de cuánto la utilices. ¿Tiene sentido que una instalación ociosa requiera al sistema una disponibilidad permanente que no es necesaria y que le cueste lo mismo que a otro que si la usa? ¿Es justo que quien no tiene una casa en la playa pague por el mantenimiento del acceso infrautilizado igual que los que sí la tienen?
La Red eléctrica: una autopista de 20 carriles
La infraestructura del sistema eléctrico está dimensionada para responder al total de la potencia contratada cuando su uso sea el máximo previsto, relativo a la simultaneidad en el consumo. Algo tan poco operativo como lo sería construir autopistas de 20 carriles porque en agosto y Semana Santa hay que estar listos para la operación salida.
Esas autopistas de 20 carriles serían muy caras y estarían vacías la mayor parte del año. Pero ese lujo de disponibilidad es lo que estamos pagando a nivel de redes de transmisión de electricidad. El sistema debe estar listo para responder a la demanda máxima, en función de las potencias contratadas. Y, dado que existen instalaciones ociosas (como las viviendas vacacionales o vacías), la infraestructura debe responder a una posible demanda sobredimensionada que pagamos todos a partes iguales.
Demanda sobredimensionada e infrautilizada
Si el coste de la potencia contratada estuviera vinculado al uso que se le da a la infraestructura eléctrica, los consumidores contratarían una potencia adecuada a la que realmente utilizan. Eso reduciría la demanda a la que tendría que responder la infraestructura y, por tanto, reduciría su coste. Un coste que pagamos todos, independientemente de cuánto la usemos. Además, al abonar en función del coeficiente de utilización, la potencia contratada en el suministro eléctrico de segundas residencias lo asumiría cada cual y no el conjunto de los consumidores, como ocurre ahora.
Una industria más competitiva
Esta modificación apenas afectaría a los consumidores domésticos en sus viviendas habituales con una potencia contratada adecuada a su consumo, pero supondría importantes cifras en la industria que hiciera un uso eficiente de la potencia contratada, a costa de las instalaciones ociosas, que pagarían más por mantener una potencia infrautilizada.
Las más favorecidas serían las tarifas 3.1A, 6.1A y 6.1B, en el escalón 1, donde, de hecho, se ubican la mayoría de las empresas españolas, más del 98%.
Decálogo de propuestas de Grupo ASE
Cambiar el modelo de tarificación, dado que actualmente el sistema de asignación de costes por tarifa se basa en que todos pagamos lo mismo por la potencia contratada, independientemente de cuánto la utilicemos, persigue promover la eficiencia del sistema, reducir instalaciones ociosas, que utilizan muy poco la infraestructura, para que ajusten la potencia contratada o, en caso de mantenerla, la abonen. Quien quiera, que se lo pague.
Ésta es la primera de las diez propuestas que Grupo ASE ha hecho llegar recientemente al ministerio de Energía y a todas las autoridades competentes en la materia de electricidad, a través de su estudio “Precios de la electricidad y competitividad empresarial. Evolución y propuestas de mejora”.
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