El Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, publicado el 6 de octubre y con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, pone fin a una discriminación histórica, la que venían sufriendo 1.250 empresas, consumidoras de electricidad en alta tensión, ubicadas en seis comunidades autónomas españolas: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco.
Más de cien clientes de Grupo ASE son empresas afectadas por esta discriminación regulatoria. En concreto, desde su construcción las redes de 25 kV y 30 kV habían sido clasificadas como redes de 2ª categoría, pero liquidaban las tarifas de acceso como si de redes de 3ª categoría se tratara. Posteriormente el Real Decreto 223/2008 cambió tal condición, para a partir de ese momento pasar a considerarse de 3ª categoría, coincidiendo la categoría de la red con la de la instalación que se conectaba a ella.
La incoherencia se produjo por la falta de sincronía entre la normativa en materia de tarifas y la relativa a seguridad industrial. En la práctica supuso que las empresas conectadas a las redes de 25 kV y 30 kV estuvieran contenidas en el escalón de tensión 1 de la tarifa, cuando les debiera de corresponder el 2.
| Comunidad Autónoma | Tarifa aplicada en kV | Nº Puntos de Suministro |
| Cataluña | 25 | 3.277 |
| Andalucía | 25/30 | 966 |
| País Vasco | 30 | 790 |
| Extremadura | 25 | 365 |
| Aragón | 25 | 290 |
| Navarra | 30 | 42 |
| Castilla y León | 30 | 33 |
| Cantabria | 30 | 17 |
| Asturias | 30 | 11 |
| Murcia | 25 | 6 |
| Castilla La Mancha | 25 | 3 |
| Total | 5.800 |
Fuente: Plataforma kV 25/30
Una discriminación histórica
Desde Grupo ASE se ha denunciado insistentemente esta incoherencia normativa, que genera un trato discriminatorio a la industria ubicada en zonas con redes de distribución de 25 kV y de 30 kV. Esta situación genera un importante perjuicio económico, de alrededor de 100 millones de euros anuales, y una merma considerable en su competitividad.
- En 2010, Grupo ASE presentó un estudio sobre la tarifa de acceso a diversos agentes del sector eléctrico y empresarial, denunciando y documentando la arbitrariedad y falta de coherencia del RD 223/2008.
- En 2015, Grupo ASE participó en la constitución de la Plataforma kV 25/30, junto con Transports Metropolitans de Barcelona, Metro Bilbao, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), SEA Empresarios Alaveses y Desarrollo y Protección Ambiental. Esta plataforma, a la que se han ido uniendo más de un centenar de empresas, ha denunciado en diversos foros el perjuicio económico, de 350 millones de euros anuales, que soportaban entre 5.800 empresas.
- En 2016, Grupo ASE publicó y difundió el estudio sobre “Precios de la electricidad y competitividad empresarial”, incluyendo la propuesta de 10 medidas concretas. La quinta abogaba por corregir la discriminación: ‘Modificar los escalones de tensión de la tarifa de acceso, de forma que el escalón de tensión 1 abarque las antigua redes eléctricas de tercera categoría, trasladando las tensiones nominales de suministro de 25 kV y de 30 kV al escalón de tensión 2‘.
No es una cuestión vasca, sino de la industria española
A pesar del nombre que utilizan diversos medios de comunicación para referirse a este conflicto y su solución, “euskopeaje”, no es una cuestión vasca. Es un problema para 5.800 empresas, ubicadas en once comunidades autónomas.
En febrero de 2015, con el apoyo decidido del Gobierno Vasco y del Ente Vasco de la Energía, se llegó a un acuerdo para una solución parcial a este problema: la creación de una tarifa 6.1B, en la que quedaban enmarcadas las empresas conectadas a 30 kV.
Ahora la publicación del Real Decreto-ley 15/2018 termina de corregir la discriminación para las empresas conectadas a líneas de 30 kV. Modifica la tarifa de acceso a la red para los puntos de suministro que en la actualidad están encuadrados en la tarifa 6.1B. Pasan a la tarifa de acceso 6.2, correspondiente al escalón de tensión 2 de la actual tarifa de acceso contenida en el RD 1164/2001.
Queda pendiente la solución para las empresas conectadas a redes de 25 kV. Como denuncia la Plataforma kV 25/30, en la nota de prensa que ha difundido, son más de 4.500 y están pagando 250 millones de euros al año de más, por estar mal encuadradas. Están ubicadas mayoritariamente en Cataluña, pero también en Andalucía, Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.
Aprobación parlamentaria
Las modificaciones regulatorias han salido publicadas en un documento con rango de Real Decreto Ley, de modo que precisa de aprobación parlamentaria antes de 30 días.
