La controversia entre Red Eléctrica, como operador del sistema, y las empresas titulares de centrales eléctricas va más allá de una discrepancia sobre las fechas en que una instalación puede dejar de estar disponible.
Garantizar la seguridad del suministro exige coordinar los recursos de generación y prever su disponibilidad. A la vez, los titulares de las centrales deben conservarlas en condiciones adecuadas y adoptar las decisiones técnicas necesarias para ello. Ambas obligaciones son legítimas y forman parte del funcionamiento ordinario del sistema eléctrico.
El problema aparece cuando las necesidades de seguridad que identifica el operador condicionan el mantenimiento que una central considera necesario. En ese punto ya no basta con saber quién tiene la competencia para decidir. También hay que preguntarse cómo se reparten las consecuencias de esa decisión.
Lo que la regulación sí establece
Ley 24/2013
Define las responsabilidades. Atribuye al operador la continuidad y la seguridad del suministro, la coordinación del sistema de producción y transporte y la recepción de los planes de mantenimiento.
RD 1955/2000 y PO 2.5
Regulan la intervención. El Real Decreto 1955/2000 permite al operador modificar los planes por razones de seguridad. El procedimiento de operación 2.5 mantiene las fechas comunicadas si, a juicio de Red Eléctrica, no comprometen la seguridad, y prevé cambios cuando considera que existe ese riesgo.
Por su parte, los titulares conservan sus obligaciones de mantenimiento, seguridad y disponibilidad técnica. La regulación responde, por tanto, a tres preguntas básicas: quién debe garantizar la seguridad de la operación, quién debe mantener las centrales y quién coordina sus periodos de indisponibilidad.
Hasta ahí llegan las respuestas claras de la regulación.
La lógica del mantenimiento
La fecha de mantenimiento de una central depende de su estado, sus necesidades de conservación y las exigencias técnicas aplicables. También tiene consecuencias económicas: mientras la instalación está parada, deja de producir y de participar en los mercados eléctricos y en los servicios de ajuste.
Si una empresa dispone de varias centrales, la decisión puede formar parte de una programación conjunta. En ella intervienen las posibilidades de producción de cada instalación, sus costes y los compromisos de su cartera comercial. Considerar estos factores no convierte el mantenimiento en una maniobra excepcional. Es parte de la gestión normal de cualquier actividad productiva.
Una familia procura revisar la calefacción durante los meses en que menos la necesita. No discute que deba mantenerla, sino cuándo puede hacerlo con menos inconvenientes. Las empresas siguen una lógica parecida al organizar las paradas de sus centrales.
El calendario más conveniente para el titular no tiene por qué coincidir con el que el operador considera más adecuado para la seguridad del sistema. Precisamente por eso existen procedimientos de coordinación, que deben conciliar ambos calendarios cuando no coinciden.
La pregunta que queda abierta
El operador del sistema no debe optimizar el resultado económico de cada empresa. Debe garantizar la seguridad de la operación conforme a las competencias y procedimientos establecidos. Pero de esa responsabilidad no se deduce que las consecuencias de modificar una parada sean irrelevantes.
La cuestión adquiere otra dimensión cuando una reprogramación afecta a un mantenimiento técnicamente necesario o puede comprometer la disponibilidad futura de la instalación.
¿Cómo deben compatibilizarse las necesidades inmediatas del sistema con las obligaciones de conservación de una central? ¿Qué criterio debe aplicarse cuando existen varias alternativas técnicamente admisibles, pero sus consecuencias son distintas? ¿Quién responde si una decisión de coordinación condiciona de forma material una actuación que correspondía al titular?
Formular estas preguntas no presupone que la decisión del operador sea incorrecta ni convierte el debate en una defensa de los intereses económicos de los propietarios. Son pertinentes porque afectan a la coherencia entre las funciones y responsabilidades que la propia regulación ha establecido.
Competencias claras, consecuencias difusas
Una norma puede definir la competencia de un sujeto y otra, las obligaciones de otro. Aun así, puede quedar sin respuesta qué ocurre cuando el ejercicio de una competencia altera el cumplimiento de la obligación ajena.
Lo que merece examinarse es si las facultades del operador y las responsabilidades de los titulares están suficientemente articuladas cuando la seguridad del sistema y el mantenimiento de las centrales entran en tensión.
Las disposiciones y procedimientos examinados explican qué debe hacer cada participante, pero no terminan de resolver qué ocurre cuando ambas responsabilidades entran en conflicto.
Ahí está, a mi juicio, la utilidad de esta controversia. Obliga a mirar la regulación no solo por las respuestas que contiene, sino por las preguntas que dejó fuera al diseñar la relación entre quienes operan el sistema y quienes mantienen las instalaciones que lo sostienen.
Fuentes referenciadas
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
- Red Eléctrica: procedimiento de operación 2.5, planes de mantenimiento de las unidades de producción.
- BOE: procedimiento de operación 2.2, previsión de la cobertura y análisis de seguridad.
- BOE: procedimiento de operación 3.6, comunicación y tratamiento de las indisponibilidades.
- Red Eléctrica: comunicación de indisponibilidades.
- El Economista: Red Eléctrica impide parar a las centrales de gas, al bombeo y a las nucleares por labores de mantenimiento.
