Nota técnica de Grupo ASE
España dispone de sobrecapacidad en generación y existe capital inversor interesado en electrificación e industria, pero no es capaz de entregar electricidad en tiempo y forma al consumidor final allí donde se necesita. Lo que está emergiendo es, básicamente, una ruptura efectiva en la cadena de suministro eléctrico. La red, concebida como infraestructura con la facultad de trasladar la electricidad a los puntos de consumo, está operando hoy, en términos económicos, como un factor limitante y determinante del crecimiento. Se ha convertido, de facto, en la clave de bóveda del desarrollo industrial del país.
El debate en el espacio público tiende a centrarse en el precio del MWh o en la volatilidad del mercado mayorista, ambos conceptos de indudable importancia. Sin embargo, para buena parte de los proyectos industriales y tecnológicos actuales, el cuello de botella no es el coste de la energía, sino la certeza de un acceso a potencia eléctrica firme en plazos compatibles con las decisiones de inversión privada. Cuando los procedimientos de acceso y conexión se dilatan desesperantemente, la consecuencia no es una renegociación del proyecto industrial, sino su relocalización. Así de simple: la inversión se evapora.
España puede generar electricidad suficiente.
El freno, cada vez más, es llevarla a tiempo donde se necesita.
Cuando nuevos grandes consumidores se conectan a redes de distribución o transporte reguladas, las infraestructuras asociadas pasan a formar parte del sistema retribuido y sus costes de operación y mantenimiento se reparten, vía tarifas de acceso, entre todos los consumidores. Este esquema, razonable en un modelo de crecimiento gradual de la demanda, plantea interrogantes cuando la nueva demanda es concentrada, localizada y de gran magnitud. La llegada de grandes consumos no solo tensiona la capacidad de la red, sino que impacta directamente en los costes futuros del conjunto del sistema eléctrico. Existe un impacto económico estructural que pasa desapercibido en el espacio público, consistente en la socialización automática de los costes de operación y mantenimiento.
La planificación de redes sigue siendo imprescindible para la seguridad del sistema eléctrico, pero, por su propia naturaleza procedimental y secuencial, es lenta, y esto provoca que difícilmente sea compatible con los intervalos de decisión de las inversiones, que se miden en meses y no en años. Pretender que toda nueva demanda electrointensiva espere a la planificación ordinaria equivale, en la práctica, a renunciar a una parte relevante de la inversión productiva. No nos van a esperar.
Para la nueva industria, el factor crítico ya no es el €/MWh:
es la certeza de acceso a potencia firme en plazos compatibles con invertir.
Ahora bien, el marco regulatorio europeo y la propia regulación española ya reconocen, en otros ámbitos del sistema eléctrico, soluciones basadas en la organización privada de infraestructuras, en modelos de agregación física y en la delimitación de ámbitos sin impacto sistémico. Estas lógicas se aplican hoy a la generación, al autoconsumo colectivo o a determinadas redes locales, pero no se han extendido de forma coherente al lado de la demanda, pese a que los problemas de acceso se concentran precisamente ahí.
Habilitar mecanismos que faciliten y permitan a la demanda organizarse para asumir inversión, gestión y riesgo en ámbitos cerrados y delimitados, sin asignar costes de red al resto de consumidores ni comprometer la seguridad del sistema, no debilita la red ni el modelo. Podrían aliviar la presión sobre la red y, simultáneamente, abrir una puerta para acoger la inversión productiva.
La noticia conocida estos días no debiera leerse únicamente como un aviso técnico, pues se trata de una señal económica clara hacia el exterior. Si la electricidad no puede entregarse en plazo, la transición energética y la reindustrialización quedan en entredicho, con independencia del potencial renovable disponible. La cuestión ya no es si el sistema eléctrico puede permitirse explorar soluciones complementarias al modelo tradicional de acceso, sino si puede permitirse no hacerlo.
Hasta ahora, desde el sistema podía alegarse que hay que planificar mejor o que el problema en cuestión es puramente técnico, pero hoy el mensaje consiste explícitamente en que no se pueden admitir más conexiones. La única respuesta implícita a la inversión productiva es “esperar a la red”, una respuesta devastadora para España desde el punto de vista de la política económica.
