España lleva decenios discutiendo sobre el agua. Pocas infraestructuras esenciales han ocupado tantas páginas de periódico, tantas horas de radio y televisión y tantos debates políticos. Sequías, embalses, trasvases, desaladoras, regadíos, abastecimiento urbano o caudales ecológicos forman parte de una conversación que reaparece periódicamente con extraordinaria intensidad.
Lo más interesante, a juicio de quien escribe, es que hemos aprendido a discutir sobre la escasez y, por tanto, sobre su reparto.
Cuando falta agua, el debate público se desplaza casi de inmediato hacia quién tiene derecho a utilizarla. Cuántos hectómetros cúbicos corresponden a un territorio, qué uso debe tener prioridad, cuánto puede destinarse al regadío o cuánto debe reservarse para abastecimiento. El conflicto termina produciéndose entre quienes necesitan el recurso.
La política de la escasez empieza ahí: cuando dejamos de preguntar solo por qué falta algo y empezamos a discutir cómo se reparte lo que hay. España conoce perfectamente las consecuencias políticas y sociales de esa pregunta cuando hablamos del agua. Precisamente por eso deberíamos prestar atención a lo que empieza a ocurrir con otro recurso imprescindible para cualquier sociedad moderna: la electricidad.
Del agua a los megavatios
El agua y la electricidad no son recursos técnicamente comparables. Pero la política puede comportarse de una forma parecida cuando cualquiera de ellos se presenta ante la sociedad como un recurso insuficiente que debe ser repartido.
España pretende electrificar su industria, el transporte, los edificios y buena parte de su actividad económica. Al mismo tiempo aparecen nuevas demandas asociadas a centros de datos, almacenamiento, hidrógeno y otros usos vinculados a la transformación tecnológica y energética.
En ese contexto, el proyecto de regulación de los centros de datos introduce una expresión cuya trascendencia excede ampliamente la actividad que pretende regular: la capacidad de las redes eléctricas como bien escaso. La intervención de la CNMC en la tramitación del decreto confirma que el debate ya no gira solo en torno a cuánta capacidad existe, sino a quién puede ordenar el acceso a ella y con qué criterios se decide la prioridad entre usos concurrentes.
Antes de repartir, existe una obligación más elemental: demostrar que aquello que se pretende repartir es realmente escaso.
A partir de ahí, el mecanismo resulta conocido. Si el recurso es escaso, no alcanzará para todos. Si no alcanza para todos, habrá que establecer prioridades. Si existen prioridades, habrá que decidir conforme a qué criterios se establecen. Y si hay que decidir, alguien tendrá que hacerlo.
Así que ya tenemos la escasez, tenemos los aspirantes y, cómo no, tenemos al árbitro.
Esta misma pregunta venía apareciendo en los últimos episodios de la serie desde ángulos distintos: la diferencia entre capacidad física, capacidad asignada y capacidad realmente utilizable estaba en ¿Falta capacidad en las redes eléctricas o falta capacidad disponible?; y el caso vasco mostraba, en ¿Qué pasó con los 6.000 MW potenciales de Euskadi?, la distancia entre inversión anunciada, potencia potencial y capacidad disponible para la industria. Ahora interesa otra cuestión: qué ocurre política y socialmente cuando esa escasez se acepta como premisa.
La comodidad del reparto
La experiencia del agua enseña que la escasez no solo produce restricciones. También genera contendientes. Industria, vivienda, transporte, centros de datos, hidrógeno o baterías pueden acabar defendiendo que su utilización de la electricidad resulta más necesaria, más productiva o más valiosa que la del vecino.
En ese momento, quien ayer debía explicar por qué existe escasez aparece hoy como quien debe protegernos de sus consecuencias mediante un reparto justo. La discusión cambia de lugar. Deja de centrarse en la suficiencia, la planificación, las inversiones realizadas o pendientes y las reglas utilizadas para aprovechar las infraestructuras. Empieza a centrarse en los criterios de reparto.
Ese desplazamiento importa porque modifica la posición del poder público. Mientras el debate gira alrededor de las causas de la insuficiencia, la Administración debe explicar qué hizo, qué dejó de hacer, qué alternativas estudió y por qué hemos llegado a una determinada situación. Cuando la escasez se acepta como una realidad dada, casi natural, la misma Administración pasa a ocupar una posición mucho más cómoda: la de árbitro entre quienes se disputan el recurso.
No se trata de afirmar que la escasez haya sido deliberadamente provocada ni de sostener que pudiera haberse evitado por completo. Se trata de advertir que, aceptada como premisa, reorganiza las posiciones de todos los actores.
Cuando competir por agua se parece a competir por energía
El fenómeno ya se observa en el propio sector eléctrico. La propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030, con inversiones previstas del orden de 13.600 millones de euros, ha permitido ver a comunidades autónomas compitiendo por nuevas infraestructuras y capacidad de red, reivindicando cada una las actuaciones necesarias para atender sus proyectos e intereses territoriales.
El lenguaje cambia. Los hectómetros cúbicos se convierten en megavatios. Pero el mecanismo resulta reconocible: cuando el recurso se presenta como limitado, los territorios empiezan a competir por la parte que les toque.
También pueden hacerlo las actividades económicas. Una fábrica puede necesitar los mismos megavatios que reclama un centro de datos. Una promoción residencial puede requerir capacidad en una zona donde pretende instalarse una nueva actividad industrial. La electrificación del transporte puede concurrir con nuevas demandas asociadas al desarrollo digital.
La pregunta aparece casi sola: ¿qué uso merece prioridad?
Un megavatio no sabe si alimenta un centro de datos, una fábrica, un tren o un edificio residencial.
La infraestructura eléctrica puede determinar técnicamente si puede transportarlo y suministrarlo en determinadas condiciones. Pero la decisión acerca de cuál de esas actividades resulta social o económicamente preferible pertenece al terreno de la política.
Naturalmente, una vez aceptado que no existe capacidad para todos, puede parecer razonable establecer criterios objetivos para repartirla. Ese es precisamente el problema: aceptada la premisa de la escasez, cada paso conduce razonablemente al siguiente. Y así, partiendo de una declaración sobre la capacidad de las redes, podemos terminar construyendo un sistema mediante el cual la Administración valore qué actividades económicas merecen disponer antes de electricidad.
Antes de repartir, expliquemos qué falta
La discusión sobre la capacidad eléctrica no debería reducirse a garantizar que los criterios de reparto sean transparentes y objetivos. Naturalmente que deben serlo. Pero existe una pregunta previa: ¿cuál es la razón por la que estamos repartiendo?
La capacidad de acceso no puede confundirse, sin explicación, con una única magnitud física de las infraestructuras. Potencia nominal, derechos previamente reconocidos, simultaneidad, utilización efectiva y reglas de acceso forman parte de un problema más complejo.
Por eso existe una diferencia decisiva entre afirmar que hay restricciones en determinadas redes y proclamar que la capacidad de las redes es un bien escaso que debemos repartir entre actividades concurrentes. Entre ambas afirmaciones hay un espacio técnico, económico y regulatorio que debe ser explicado antes de convertir la escasez en premisa de una política pública.
Antes de decidir qué actividad económica merece un megavatio y cuál debe esperar, antes de enfrentar la industria con los centros de datos, la vivienda con el transporte o unos territorios con otros, existe una obligación más elemental: demostrar que aquello que se pretende repartir es realmente escaso y explicar por qué lo es.
Solo después, si la escasez existe y no puede resolverse mediante una mejor utilización de las infraestructuras y de los derechos existentes, llegará el momento de discutir cómo administrarla.
Hacerlo en el orden contrario tiene una consecuencia conocida: acabaremos discutiendo entre nosotros por el reparto antes de haber terminado de preguntar por qué tenemos que repartir.
Fuentes referenciadas
- MITECO: audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan requisitos aplicables a los centros de datos.
- MITECO: propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030.
- El País: Competencia entra en la batalla de los centros de datos en plena ofensiva del sector contra el Gobierno.
- Grupo ASE: ¿Falta capacidad en las redes eléctricas o falta capacidad disponible?.
- Grupo ASE: ¿Qué pasó con los 6.000 MW potenciales de Euskadi?.
