Cuando un recurso esencial se declara escaso, el debate puede dejar de mirar a las causas y concentrarse en el reparto. Con la capacidad eléctrica empieza a ocurrir algo parecido a lo que España conoce desde hace décadas con el agua: antes de decidir quién recibe prioridad, conviene demostrar qué falta realmente y por qué.
El aumento de la inversión prevista en la red eléctrica vasca reabre una pregunta de fondo: cuánta capacidad necesita realmente la industria, qué parte exige nuevas infraestructuras y qué parte podría obtenerse aprovechando mejor la red existente.
El anuncio de Iberdrola vuelve a situar la inversión en redes eléctricas en el centro del debate. Pero antes de dar por hecho que España necesita simplemente construir más, conviene responder qué parte de la capacidad que hoy aparece como indisponible es físicamente inexistente y qué parte depende de la metodología, los derechos asignados, la simultaneidad o el uso real de las infraestructuras.
La propuesta de regulación para los centros de datos vuelve a poner sobre la mesa una cuestión previa: cuando el poder público decide las condiciones de acceso a una infraestructura esencial, ¿está ordenando el sistema o seleccionando las actividades que considera merecedoras de electricidad? El debate exige distinguir entre capacidad física, capacidad administrativamente asignada y capacidad realmente utilizada.
La conversación sobre el acceso a la red se está concentrando en la escasez. Pero los datos de potencia facturada y consumo plantean una pregunta previa: cuánto se utiliza realmente la capacidad ya asignada y qué margen existe para aprovecharla mejor antes de repartir la que se considera disponible.
Resumen abierto del Informe de Mercado Energético de Grupo ASE: el pool alcanza 118,25 €/MWh, el gas vuelve a tensionar el mercado y Ormuz eleva la prima de riesgo.
