La propuesta de regulación para los centros de datos vuelve a poner sobre la mesa una cuestión previa: cuando el poder público decide las condiciones de acceso a una infraestructura esencial, ¿está ordenando el sistema o seleccionando las actividades que considera merecedoras de electricidad? El debate exige distinguir entre capacidad física, capacidad administrativamente asignada y capacidad realmente utilizada.
La conversación sobre el acceso a la red se está concentrando en la escasez. Pero los datos de potencia facturada y consumo plantean una pregunta previa: cuánto se utiliza realmente la capacidad ya asignada y qué margen existe para aprovecharla mejor antes de repartir la que se considera disponible.
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El proyecto de Real Decreto sobre centros de datos no solo regula una actividad de alto consumo eléctrico. Al partir de la premisa de que la capacidad disponible es un bien escaso, desplaza el debate desde la ingeniería hacia una cuestión más delicada: quién decide qué usos acceden antes a la electricidad cuando no hay capacidad para todos. Pero antes habría que acreditar qué capacidad falta realmente y si se han explorado todas las alternativas para reducir esa carencia.
Resumen abierto del Informe de Mercado Energético de Grupo ASE: el pool alcanza 104,75 €/MWh y la volatilidad horaria gana peso para las empresas consumidoras.
Una propuesta de la CNMC sobre la cuenta regulatoria del operador del sistema abre una cuestión de fondo para la regulación eléctrica: cómo medir el coste permanente que introduce la complejidad regulatoria.
