Agosto cambia el precio, no los fundamentos
El mes de agosto se ha comportado, a nivel macroenergético, de una manera que merece comentarse. Comenzábamos el año con una tendencia bajista del precio del pool, fundamentada en la mayor oferta renovable, la contención de la demanda nacional por el mayor peso del autoconsumo, el reducido grado de utilización efectiva de la capacidad ya asignada en las redes de transporte y distribución, la previsión de una mayor oferta de GNL procedente de Estados Unidos y Qatar y la previsible prórroga de la actividad de las centrales nucleares.
Pero no nos equivoquemos: estos fundamentos siguen vigentes, incluso con mayor intensidad. El bloqueo del estrecho de Ormuz, un verano extraordinariamente cálido en España y una sequía en Europa, con mínimos históricos en los niveles del Rin y el Danubio, han terminado condicionando los precios del pool.
De todos esos factores, merece especial atención el relativo al reducido grado de utilización efectiva de la capacidad ya asignada. La discusión pública sobre el acceso a la red se ha desplazado hacia la consideración de la capacidad como un recurso escaso, hasta plantear mecanismos administrativos para determinar qué proyectos deben acceder a ella. Sin embargo, antes de administrar la escasez convendría precisar su naturaleza y analizar cuánto se utiliza la capacidad que ya ha sido asignada. Pero hay otra cuestión previa que tampoco puede obviarse: quién decide quién tiene derecho a utilizarla.
184.659 MW facturados
Los propios datos utilizados por la CNMC para determinar los peajes de transporte y distribución permiten aproximarse a esta cuestión desde una perspectiva poco explorada. Para 2026, el regulador considera 184.659 MW de potencia facturada y un consumo anual de 235.586 GWh. La relación entre ambas magnitudes equivale a 1.276 horas anuales de utilización a plena potencia, es decir, un 14,56 % de utilización energética equivalente de la potencia facturada.
Dicho de otra manera, la energía anual consumida por el conjunto de los consumidores podría suministrarse, teóricamente y a potencia constante equivalente a la facturada, en aproximadamente 53 días. Naturalmente, ello no significa que el 85,44 % de las redes esté físicamente disponible: la capacidad depende de la topología, la localización, las condiciones de operación, la simultaneidad, los criterios de seguridad y las restricciones concretas. Pero sí muestra que el sistema mantiene un volumen de potencia facturada muy superior a su utilización energética media.
La potencia facturada no equivale automáticamente a capacidad física disponible, pero su baja utilización energética obliga a preguntar cómo se está midiendo y asignando la capacidad.
Una capacidad muy desigual
La información por grupos tarifarios resulta todavía más ilustrativa. Los consumidores 2.0TD presentan una utilización equivalente de apenas el 6,76 % de su potencia facturada; los 3.0TD, del 19,11 %; los 6.1TD alcanzan el 39,60 %; los 6.2TD, el 50,43 %; los 6.3TD, el 54,85 %; y los 6.4TD, el 47,69 %.
La utilización de la potencia asignada es, por tanto, radicalmente distinta entre grupos de consumidores. Esa diferencia debería formar parte del análisis económico y regulatorio de la capacidad de las redes, especialmente cuando la actualidad sectorial informa de que el 86,3 % de las subestaciones analizadas ya no dispone de margen de conexión y de que solo quedan unos 7.400 MW disponibles.
Estos datos obligan, cuanto menos, a formular una pregunta anterior a cualquier política de reparto o racionamiento: ¿es razonable declarar la capacidad eléctrica un recurso escaso sin evaluar previamente hasta qué punto los derechos existentes están siendo utilizados y qué mecanismos permitirían incrementar su aprovechamiento?
La capacidad ociosa también es un problema regulatorio
La regulación actual ofrece escasos incentivos para que un consumidor libere voluntariamente potencia que pueda necesitar en el futuro. También limita las posibilidades de compartir o intercambiar capacidad entre usuarios y mantiene una concepción esencialmente estática de unos derechos de acceso que operan sobre una infraestructura cuya utilización real es simultánea y dinámica.
El resultado puede ser paradójico: mientras se declara escasa la capacidad disponible para nuevos accesos, una parte relevante de la ya asignada permanece infrautilizada durante buena parte del año, sin que exista un verdadero mercado o mecanismo regulatorio que permita movilizarla.
Antes de construir nuevas infraestructuras, trasladar su coste a los consumidores o establecer procedimientos administrativos para decidir quién merece acceder a una capacidad supuestamente escasa, parecería razonable exigir una respuesta cuantificada a cuatro preguntas: qué capacidad falta, dónde falta, durante cuántas horas falta y qué utilización presenta la infraestructura existente en esos mismos puntos.
Antes de administrar la escasez de capacidad para nuevos accesos, quizá convendría aprender a administrar la capacidad ya asignada.
Una cuestión de política industrial y territorial
Esta información debería resultar especialmente relevante para las Administraciones autonómicas, competentes sobre una parte sustancial de las redes de distribución y directamente afectadas por las dificultades de acceso que condicionan nuevos proyectos industriales, desarrollos urbanos, centros de datos, electrificación del transporte y otras actividades económicas.
La insuficiencia de capacidad no es únicamente un problema del solicitante al que se deniega el acceso. Cuando impide localizar una actividad económica, se convierte también en un problema de política industrial y territorial. Resulta difícil desarrollar una política autonómica si una decisión sobre la capacidad de acceso puede impedir la implantación de la empresa que esa política pretende atraer.
Existe, además, una cuestión económica que no debería pasar inadvertida. Las redes de transporte y distribución son actividades reguladas cuya retribución se recupera mediante los peajes soportados por los consumidores. Para 2026, la CNMC considera una retribución de 1.184,8 millones de euros para el transporte y 5.423,2 millones para la distribución: más de 6.600 millones de euros en conjunto.
Si la respuesta a las restricciones de capacidad consiste fundamentalmente en incrementar la inversión regulada, resulta imprescindible preguntarse antes si estamos ante una insuficiencia estructural de infraestructura o también ante un problema de utilización y asignación de la infraestructura existente. La pregunta que emerge es evidente: ¿existe suficiente incentivo regulatorio para optimizar la red antes de decidir su ampliación?
La electricidad tiene que llegar
El liderazgo renovable pierde valor si la red no puede acompañar la electrificación, la inversión industrial, la vivienda y los nuevos consumos. España puede disponer de generación abundante y, al mismo tiempo, tener dificultades para entregar potencia firme allí donde se necesita.
Piensen en esto: no existe política energética si la electricidad no llega a quien la necesita para su actividad.
La capacidad facturada y la capacidad utilizada no son la misma cosa. Antes de administrar la escasez, convendría demostrar dónde está el déficit, medirlo con precisión y comprobar qué parte de la solución puede encontrarse en un mejor uso de la infraestructura existente.
