El 2 de julio de 2026, la CNMC sometió a audiencia pública la propuesta de resolución por la que se calcula el saldo de la cuenta regulatoria del operador del sistema eléctrico al cierre de 2025. Dicho de otro modo, el regulador analiza si determinados costes del sistema están justificados y pueden recuperarse con cargo a ese mecanismo.
El mecanismo está previsto en la Circular 4/2019, que establece la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico. El documento calcula costes totales de 9.680.582 euros vinculados al ejercicio 2025. Pero la cifra, por sí sola, no es lo decisivo. La pregunta que subyace es otra: qué costes derivados de la evolución del sistema eléctrico deben socializarse y bajo qué criterio económico. Y ahí el propio regulador introduce una distinción relevante: no todo incremento de costes merece retribución con cargo a la cuenta regulatoria. Solo aquellos vinculados a nuevas obligaciones regulatorias quedan justificados; los asociados al mero incremento de actividad quedan fuera.
Ese criterio es importante. Pero también invita a una reflexión adicional: si una nueva regulación genera obligaciones, plataformas, procedimientos, coordinación, supervisión, liquidaciones, software, personal y estructuras técnico-regulatorias permanentes, convendría analizar no solo el coste que reconoce, sino también la complejidad que incorpora al sistema.
La cuestión, por tanto, no consiste en discutir si una obligación concreta es razonable. Muchas lo son. La cuestión es si la regulación se evalúa también por su coste de complejidad, del mismo modo que se evalúan sus beneficios técnicos, económicos, ambientales o de seguridad.
El coste de operar un sistema más complejo
Cada nueva norma que se publica parece razonable. Cada nueva plataforma parece necesaria. Cada nuevo procedimiento resuelve un problema concreto. Pero, acumulados durante años, esos cambios terminan construyendo un sistema mucho más difícil de operar, de supervisar y de entender.
El resultado no es solo administrativo. A medida que crece la regulación aplicable aumenta la complejidad del sistema y, con ella, el coste de operación. Por eso no es descabellado hablar de un coste de la complejidad regulatoria.
Esta intuición no pertenece únicamente al sector eléctrico. El Banco de España ha analizado los efectos económicos de la complejidad regulatoria en España y apunta a que una mayor carga normativa puede afectar de forma especialmente intensa a empresas pequeñas, jóvenes y manufactureras. En electricidad, el problema adquiere una dimensión adicional: cuando aumenta la complejidad, también aumenta el coste de comprender, operar y supervisar el sistema.
La CNMC reconoce en su propuesta costes totales de 9.680.582 euros vinculados al ejercicio 2025 y señala que el saldo restante de la cuenta regulatoria del periodo 2023-2025 queda en 0 euros. También indica que una parte de los importes solicitados no responde a nuevas obligaciones, sino a incrementos ordinarios de actividad. Esa frontera es, precisamente, la que hace interesante el documento.
No todo coste adicional es regulatoriamente recuperable. Pero tampoco toda nueva obligación regulatoria es neutra desde el punto de vista económico.
Cuando la especialización se convierte en dependencia
La especialización es necesaria. Lo que no lo es tanto es la opacidad derivada de una complejidad excesiva. Cuando un sistema necesita cientos de procedimientos, decenas de plataformas, miles de páginas normativas, metodologías sucesivas, modelos matemáticos, algoritmos y liquidaciones cada vez más sofisticadas, el conocimiento deja de estar distribuido y comienza a concentrarse.
Y cuando se concentra el conocimiento, también se concentra la capacidad de decisión. La complejidad no solo genera costes. También abre camino a la dependencia.
Esa dependencia tiene una consecuencia institucional relevante: reduce el número de agentes capaces de comprender, evaluar y cuestionar las decisiones regulatorias. En un sector como el eléctrico, donde cada señal económica termina afectando a consumidores, empresas, inversiones y tecnologías, esa reducción del espacio de comprensión no es menor.
Una taxonomía de costes para otro sistema
El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Eléctrico Español dedicó mucha atención a la naturaleza de los costes, porque de esa clasificación dependía el diseño del nuevo mercado que sustituyó al marco legal estable. Pero desde entonces el sistema eléctrico ha cambiado de forma sustancial.
Han aparecido la integración masiva de renovables, las primas al régimen especial, el déficit de tarifa, la compensación de los costes extrapeninsulares, servicios de ajuste completamente distintos, el autoconsumo, el almacenamiento, los agregadores y nuevas funciones del operador del sistema.
Seguimos utilizando, en esencia, una taxonomía de costes concebida para un sistema eléctrico cuyo diseño institucional, tecnológico y económico era distinto del actual. Puede seguir siendo parcialmente válida, pero ya no describe por completo la realidad del sistema eléctrico de 2026.
La ausencia de una clasificación económica actualizada favorece que costes de naturaleza muy diferente sean tratados mediante mecanismos homogéneos de recuperación. Y eso dificulta analizar su eficiencia, su asignación económica y sus efectos permanentes sobre el sistema.
Clasificar antes de cargar costes
Actualizar la taxonomía de los costes del sistema no supone cuestionar el modelo nacido con la liberalización. Supone adaptarlo a una realidad técnica, económica e institucional profundamente distinta.
Clasificar correctamente los costes no es un ejercicio académico. Es el primer paso para decidir con rigor quién debe soportarlos, qué incentivo introduce cada mecanismo de recuperación y cuál es la forma más eficiente de financiar las nuevas obligaciones que el propio sistema se impone.
La regulación también tiene un coste. Y ese coste debe ser objeto de análisis económico.
Fuentes referenciadas
- CNMC: propuesta de resolución RAP/DE/003/26 sobre el saldo de la cuenta regulatoria del operador del sistema eléctrico al cierre de 2025.
- BOE: Circular 4/2019, de 27 de noviembre, de la CNMC, por la que se establece la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico.
- BOE: Resolución de 3 de octubre de 2024 sobre el saldo de la cuenta regulatoria del operador del sistema al cierre de 2023.
- BOE: Resolución de 3 de noviembre de 2025 sobre el saldo de la cuenta regulatoria del operador del sistema al cierre de 2024.
- Banco de España: Sector-level economic effects of regulatory complexity: evidence from Spain.
