Desde Grupo ASE valoramos la respuesta de las principales empresas distribuidoras españolas, que en las últimas horas han anunciado que consideran la situación excepcional y establecen una moratoria vinculada al estado de alarma para el cambio de potencia. Pero no resuelve el problema y por eso mantenemos nuestra petición de que se traspase la potestad de autorizar el cambio a las autoridades competentes de las comunidades y ciudades autónomas. Así mismo, instamos a las empresas a adherirse a esta propuesta, que ya ha obtenido el respaldo de 78 empresas e instituciones.
La paralización derivada de las medidas adoptadas para responder a la emergencia del coronavirus va a tener efectos en la industria. Su potencia contratada debe estar ajustada a su consumo. Un descenso brusco de actividad exige rebajarla. Más en el caso de todos los negocios obligados a cerrar físicamente sus puertas (comercio, hostelería…). Pero cuando se recupere la normalidad habrá que incrementarla o la penalización por los excesos de potencia disparará el coste de la producción hasta un punto inasumible.
Por eso remitimos una carta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el pasado viernes, 13 de marzo. En ella solicitamos medidas regulatorias urgentes para resolver un problema crónico que en este momento es acuciante. Y dado que el problema se mantiene, porque la autorización continúa sujeta a la consideración de las compañías distribuidoras, que son parte interesada en la decisión, mantenemos nuestra petición y el proceso de adhesión a la misma.
Garantía para todas las empresas
Las principales distribuidoras han anunciado que van a permitir el ajuste de la potencia durante la vigencia del Real Decreto del estado de alarma. Son las mayores distribuidoras españolas, pero no son las únicas, de manera que NO todas las empresas van a acceder a esta posibilidad.
Garantía ajustada a la realidad
Cómo va a transcurrir esta crisis y cómo nos vamos a recuperar es impredecible. Pero es evidente que la actividad retornará a unos sectores antes que a otros y a una velocidad distinta. Establecer unas condiciones especiales vinculadas a la vigencia del Real Decreto del estado de alarma no se va a ajustar a la realidad y no favorecerá el despegue de la recuperación.
Interés general frente a interés particular
Las autoridades competentes a nivel autonómico, capacitadas técnicamente y conocedoras de la evolución de la situación en su ámbito geográfico, representan los intereses generales. Sin embargo, las empresas distribuidoras tienen sus propios intereses particulares, por lícitos que sean.
