Desde Grupo ASE hemos remitido una propuesta formal al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para solicitar un Real Decreto urgente. Esa medida facilitaría a los consumidores ajustar temporalmente la potencia contratada en función de su consumo real. Es decir, que la potestad para autorizar su modificación en un plazo inferior a un año recaiga en los órganos competentes de cada comunidad autónoma, en lugar de en las empresas distribuidoras.
La modificación que reclama Grupo ASE con carácter urgente se solicitó por carta el pasado viernes y tiene como objetivo mitigar el efecto del coronavirus en el parón productivo. Propone “atajar un problema crónico, que en este momento resulta acuciante”, explica Ramón López, gerente de Grupo ASE.
Si deseas adherirte a nuestra reclamación, puedes hacerlo aquí.
El Real Decreto 1164/2001 y el Real Decreto 1955/2000 pusieron en manos de las empresas distribuidoras de electricidad la potestad de permitir, o no, la modificación de la potencia contratada en un plazo inferior al año. Sin embargo, el gerente de Grupo ASE recuerda que “la distribución, como actividad regulada, es parte interesada en la recaudación de la tarifa de acceso por el importe económico que tiene reconocido como derecho de cobro”. Y por eso considera más adecuado que esta potestad recaiga sobre la Administración.
Aprender de la crisis de 2008
La situación es idéntica a la que se produjo en el último trimestre de 2008: las empresas se encuentran con un descenso brusco de actividad y su potencia contratada queda obsoleta, sobredimensionada. Pueden reducirla. Pero se encontrarían con un problema si antes de 12 meses recuperaran su actividad habitual porque, por norma general, sólo se puede modificar la potencia una vez al año.
“La legislación vigente no cierra la posibilidad a que puedan modificar su potencia en un plazo inferior, pero llegar a un acuerdo depende de la buena voluntad de la empresa distribuidora”, explica Ramón López, gerente de Grupo ASE.
Y dado que se trata de un simple acuerdo, no exime del riesgo de que, llegado el momento se dificulte a las empresas modificar de nuevo su potencia si no ha trascurrido un año. “Al retomar su actividad normal el desajuste que supondría una potencia inferior a la adecuada dispararía el coste energético de producir, por la penalización que supondrían los excesos de potencia”, remarca López. Sería, por tanto, un lastre para el despegue de esa recuperación.
Situación regulatoria asimétrica
El gerente de Grupo ASE recuerda que “las empresas no pueden elegir distribuidora, dado que la actividad de distribución es un monopolio natural, que deja, en casos como este, a los consumidores al pie de los caballos”.
Ramón López considera “la situación regulatoria profundamente asimétrica”, dado que otorga al distribuidor la competencia exclusiva para conceder o no las modificaciones de potencia que los consumidores soliciten. En su propuesta, Grupo ASE considera más apropiado que estas modificaciones de potencia en plazos inferiores a los 12 meses sean atendidas por el órgano competente en estas materias de cada comunidad o ciudad autónoma.
“Es intolerable que la regulación aplicable otorgue explícitamente al distribuidor la competencia exclusiva, pues de su decisión dependen en buena medida los sobrecostes energéticos de las empresas consumidoras, nuestros clientes”, señala López.
Proceso de adhesión a la propuesta de Real Decreto
Grupo ASE ha abierto un proceso de adhesión en su web para recabar apoyos de otros agentes empresariales y sociales a esta propuesta. Puedes leer la carta que hemos remitido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y adherirte a nuestra petición pulsando aquí.
