Real Decreto urgente: esto aún no ha acabado

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El pasado 13 de marzo desde Grupo ASE remitimos una carta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Tratábamos de llamar su atención sobre un problema crónico que la crisis económica convertía en acuciante. Podía suponer un importante lastre para las empresas durante todo el proceso de la crisis: tanto en la ralentización como en su posterior recuperación. Por eso solicitamos una modificación reglamentaria urgente y abrimos un proceso de adhesión. Ahora vamos a hacer llegar al ministerio los más de 100 apoyos recibidos de empresas e instituciones.

La ley permite a las empresas ajustar su potencia contratada a sus necesidades reales. Pero si necesitan modificarla en un plazo inferior a un año, están sujetas a la autorización de sus compañías distribuidoras. Ese es el problema crónico. Cuando las empresas se enfrentan a una crisis, atraviesan un proceso de desaceleración, a veces incluso paralización, y posteriormente inician una recuperación escalonada. Por tanto, la inseguridad que plantea la normativa a las empresas, al dejar la decisión de autorizarlo o no a los distribuidores, se agrava en estas circunstancias.

 

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Amortiguar la desaceleración y empujar la recuperación

Por eso solicitamos el traspaso de esa competencia a las autoridades autonómicas. Sus técnicos cuentan con la capacidad y con la información actualizada a nivel geográfico para tomar las decisiones oportunas y defender el interés general. De esa forma se facilita a las empresas graduar su potencia contratada para permitirles adaptarse mejor a las cambiantes necesidades energéticas provocadas tanto por la desaceleración de la economía como durante su posterior recuperación, que se prolongará en el tiempo.

Desde entonces se han producido reacciones. A los pocos días, las principales distribuidoras anunciaron unas condiciones especiales durante la vigencia del estado de alarma. Posteriormente, el Gobierno publicó el Real Decreto Ley 11/2020, con obligaciones concretas para las distribuidoras y una prórroga de su vigencia de tres meses sobre el estado de alarma. Avances que ofrecen una solución provisional para un periodo de tiempo que no va a abarcar el de la recuperación económica. Por eso, seguimos solicitando una solución definitiva.

 

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