La situación sin precedentes a la que nos enfrentamos el pasado mes de marzo convirtió un problema crónico en acuciante para las empresas. Desde Grupo ASE alertamos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, solicitamos una modificación normativa urgente y abrimos un proceso de adhesión a nuestra propuesta. Pocos días después se publicaba el Real Decreto Ley 11/20, que resolvía temporalmente la cuestión. Esta semana hemos recibido una respuesta formal del Ministerio, que está trabajando en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
El problema de fondo, que planteamos desde Grupo ASE, es la inseguridad a la que se enfrentan las empresas para realizar cambios en su potencia contratada para ajustarla a sus necesidades reales. El procedimiento vigente les permite hacerlo, pero solo de forma automática si ha transcurrido un año desde la última modificación realizada.
Real Decreto Ley 11/2020: medidas de emergencia
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, incorporó una serie de medidas que paliaban esta situación de forma provisional.
Esas medidas han facilitado hasta el momento que las empresas cuenten con seguridad jurídica y que se encuentren en igualdad de condiciones, independientemente de su ubicación geográfica y, por tanto, de la compañía distribuidora que les corresponda. Pero estas medidas urgentes están limitadas en el tiempo. Están sujetas a la vigencia del estado de alarma y a una prórroga de tres meses más.
Ajuste escalonado de potencia contratada
Una vez finalice la vigencia de estas medidas urgentes, volveremos a lo anterior: si una empresa necesita ajustar su potencia contratada en un plazo inferior al año, la ley no se lo impide, pero deja la decisión de autorizarlo en manos de su compañía distribuidora de electricidad. Es en este punto donde Grupo ASE propone una modificación: el traspaso de esta competencia a los órganos competentes a nivel autonómico .
Con el confinamiento, algunas empresas, como fábricas, redujeron progresivamente su actividad, hasta la finalización de encargos en marcha. Otros sectores, como el hotelero, bajaron automáticamente su persiana. Con la desescalada, la actividad volverá también de forma desigual. En principio escalonadamente, pero con la amenaza de retrocesos por la emergencia sanitaria.
La incertidumbre para las empresas es total, no solo porque es imposible anticipar la evolución de la crisis sanitaria y, por tanto, calcular y realizar previsiones. La única evidencia es que sus necesidades de energía no van a normalizarse de forma automática e inmediata. La recuperación será escalonada y desigual. Un horizonte de 12 meses para la modificación libre de la potencia contratada expone a las empresas a incurrir en importantes sobrecostes en su factura de la luz o a quedar a expensas de la voluntad de su distribuidora.
Protección de los consumidores
Por eso desde Grupo ASE continuamos defendiendo el traspaso de la competencia para su autorización desde las compañías distribuidoras a las autoridades competentes a nivel autonómico.
Esa solución sería permanente. Ofrecería seguridad jurídica e igualdad de condiciones a todas las empresas, independientemente de su ubicación y su compañía distribuidora. También primaría el interés general sobre el particular en la toma de decisiones. En definitiva, favorecería un escalonamiento de la potencia contratada ajustado a la evolución real de los distintos territorios y sectores económicos.
Y, en esa medida, nos ponemos a disposición del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que está analizando distintas cuestiones para la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Ofrecemos nuestra experiencia en el lado de los consumidores industriales de casi dos décadas. Es decir, un exhaustivo conocimiento de la normativa eléctrica, una elevada capacidad técnica y el contacto constante y cercano con la realidad de las empresas en materia de consumo de energía.
