El acuerdo para el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado 2017, alcanzado entre el PP y el PNV, incluye una reordenación tarifaria que termina con la discriminación que venían sufriendo 1.250 empresas de Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla León, Cantabria y Asturias, conectadas a líneas de alta tensión de 30kV y englobadas actualmente en la tarifa 6.1.b. Más de cien, clientes de Grupo ASE.
Un centenar de clientes de Grupo ASE
En concreto el acuerdo se compromete a eliminar en 2018 la tarifa 6.1.b y englobar las tensiones de 30 a 36 kV en la tarifa 6.2, lo que supondría, de cumplirse el pacto, la corrección para 1.250 empresas de un sobrecoste tarifario que históricamente les ha supuesto un perjuicio de 100 millones de euros al año. En concreto, la medida afectará a 102 clientes de Grupo ASE, ubicados mayoritariamente en el País Vasco, pero también en Asturias, Navarra y Castilla y León.
Como copromotor de la Plataforma kV25/30, junto con SEA Empresarios Alaveses, Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, Grupo ASE aplaude el acuerdo alcanzado, reclamado desde hace meses junto a un centenar de empresas que se sumaron a la reivindicación, llevada a distintos foros. El último de ellos, el Senado de España, el pasado mes de marzo.
Fin de una discriminación arbitraria, no vasca
Aunque algunos medios lo han presentado como una rebaja tarifaria para la industria vasca, lo cierto es que la situación anómala que viene a corregir el acuerdo se extiende más allá de Euskadi. En concreto, afecta a otras cinco comunidades autónomas: Andalucía, Navarra, Castilla y León, Asturias y Cantabria. No es lo que algunos denominan un «euskopeaje«, es una reordenación tarifaria que subsana una situación anómala y arbitraria, que generaba una desventaja competitiva para las empresas ubicadas en esos territorios.
Líneas de 25kV
Si bien para la Plataforma kV25/30 el acuerdo es satisfactorio, el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV. Estas superan las 4.500 y están pagando 250 millones de euros al año por estar mal encuadradas. En concreto, la situación persiste en seis comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla La Mancha. Por eso, la Plataforma kV25/30, de la que es copromotor Grupo ASE, mantiene su demanda para lograr el mismo tratamiento para las empresas actualmente en 25kV.
