Hace unos meses, las principales distribuidoras eléctricas pusieron una cifra al problema: los primeros mapas de capacidad mostraban que un 83,4% de los nudos analizados aparecían ya saturados, lo que impedía conectar nueva demanda en esos puntos.
Para sorpresa de nadie, el debate ha vuelto. Cuando se habla de vehículos eléctricos, bombas de calor, servicios digitales, centros de datos, vivienda, nueva industria o reducción de emisiones, se da por supuesto que la red estará disponible a tiempo. Pero esa disponibilidad no se decreta. Hay que planificarla, autorizarla, financiarla, construirla y conseguir que sea socialmente aceptada en el territorio donde debe desplegarse.
La CNMC ha vuelto a señalar el desfase entre planificación y ejecución. Existen inversiones previstas que no llegan a materializarse al ritmo necesario, y ese retraso vuelve a colocar la capacidad de las redes eléctricas en el centro del debate público.
No basta con planificar
El caso de Penagos lo ilustra bien. La subestación y el denominado Eje Norte se incorporaron a la planificación de la red de transporte entre 2000 y 2002, pero Red Eléctrica no inauguró finalmente la instalación hasta marzo de 2011. Lo verdaderamente interesante no es solo el plazo, sino la causa del retraso: procedimientos administrativos, modificaciones de proyecto, alegaciones, oposición institucional, recursos y tramitaciones sucesivas.
La distancia entre planificar una infraestructura y conseguir ponerla en servicio puede ser enorme.
Es decir, exactamente el tipo de obstáculo al que se refiere ahora el regulador cuando advierte de que hay inversiones previstas que no consiguen ejecutarse. No se trata de negar la necesidad de controles ambientales, participación pública o garantías jurídicas. Al contrario: forman parte de cualquier despliegue legítimo de infraestructuras. Pero conviene asumir lo que implican.
Por eso la petición de la CNMC de mayor detalle, trazabilidad y transparencia por actuación no es un trámite menor. Cada proyecto debería poder explicar con claridad su motivación, su encaje territorial, su calendario y sus costes. No basta con invocar de forma genérica la electrificación o la integración de renovables: hay que saber qué actuación concreta debe pasar del papel a la red disponible.
Una línea, una subestación o un refuerzo de red no entran en servicio al ritmo al que se aprueba un objetivo de electrificación. Y esa diferencia de velocidades empieza a ser decisiva.
El cuello de botella no es solo económico
Durante años, el debate sobre las redes se ha formulado en términos retributivos: si se remunera suficientemente a los distribuidores, si deben aumentar los límites de inversión o si la tasa de retribución financiera es adecuada. Es una discusión importante, pero no resuelve todo el problema.
Aunque existiera financiación suficiente, muchas infraestructuras no podrían construirse en tiempo y plazo. El cuello de botella no es exclusivamente económico. También es un problema de aceptación social, capacidad administrativa y coordinación territorial.
La velocidad de electrificación que demanda la sociedad será muy superior a la velocidad con la que podrán desarrollarse las nuevas infraestructuras.
Por eso la regulación no puede descansar exclusivamente sobre la construcción de nuevas redes. Debe incorporar mecanismos que permitan aprovechar con mayor eficiencia la capacidad ya instalada. El problema no es solo cuánta red falta, sino cuánta capacidad física permanece invisible detrás de derechos administrativos ya concedidos o de usos muy por debajo de la capacidad reservada.
Aprovechar mejor lo disponible
El objetivo no debería ser elegir entre construir nuevas redes o aprovechar las existentes. Habrá que hacer ambas cosas. Pero si toda la estrategia se apoya en nueva infraestructura, la regulación llegará tarde a una parte de la demanda que ya está llamando a la puerta.
Hay medidas que deberían formar parte de la conversación: mejorar el uso de la capacidad contratada, facilitar fórmulas de compartición de infraestructuras y puntos frontera, habilitar intercambios locales de electricidad donde tenga sentido técnico y liberar capacidad administrativamente ocupada cuando no exista una utilización física equivalente.
La normativa española ya ha avanzado en algunos ámbitos de generación, por ejemplo mediante reglas de acceso, conexión e hibridación recogidas en el Real Decreto 1183/2020. La pregunta es si esa lógica puede evolucionar también en el lado de la demanda y de la capacidad contratada, sin comprometer la seguridad de suministro ni generar arbitrariedad.
La prioridad cambia
Construyamos toda la red que sea posible. Pero asumamos una realidad: la velocidad de electrificación que demanda la sociedad será, en muchos casos, superior a la velocidad con la que podrán desarrollarse las nuevas infraestructuras.
Mientras tanto, la regulación debe hacer algo más que esperar a que la red llegue. Debe orientar el sistema hacia una utilización mucho más eficiente de la capacidad ya instalada, revisar los incentivos que mantienen capacidad ociosa bloqueada y permitir que la demanda productiva encuentre soluciones cuando la infraestructura nueva aún no está disponible.
Para sorpresa de nadie, el problema no era solo construir más. Era aprender a utilizar mejor lo que ya estaba construido.
Fuentes referenciadas
- CNMC: Informe sobre la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2025-2030 y modificación de aspectos puntuales de la planificación 2021-2026
- Cinco Días: Las eléctricas confirman que el 83,4% de sus redes están saturadas y no pueden conectar a más inversores
- BOE: Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica
- Referencia histórica: polémica en torno a la línea Sama-Velilla y su relación con Soto-Penagos
- Grupo ASE: La capacidad invisible del sistema eléctrico español
