¿Es relevante el recorte en la retribución a redes y renovables?

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Acaba de saltar a la prensa que la CNMC ha emitido un informe en el que propone al Gobierno una reducción de 3.000 millones de euros en la retribución a las redes y a las renovables, cogeneración y residuos para el periodo 2020-2025. Para ello, el órgano regulador sigue la correspondiente metodología de cálculo para cada actividad. De forma tasada, ofrece respuesta a lo que puede considerarse rentabilidad razonable, tal como se determina en la Ley.

El negocio de redes proporciona a las grandes compañías eléctricas españolas unos ingresos nada desdeñables de cara a su cotización bursátil. Es un negocio regulatoriamente complicado. Y en el caso concreto de la distribución, otorga a su titular un dominio sobre los consumidores bastante impúdico.

En nuestra opinión, para desarrollar la generación eléctrica distribuida junto al autoconsumo, la extensión del sistema eléctrico a través de micro-redes, la posibilidad de redes privadas y el desarrollo de servicios asociados a la agrupación de consumidores compartiendo punto frontera, el principal escollo es, precisamente, la actual regulación de las redes eléctricas. En definitiva, se requieren avances que permitan un desarrollo razonable de nuestro sistema eléctrico y que pasan por reducir el poder de la actividad de distribución.

Renovables, cogeneración y residuos son otra cosa. El objetivo que debe alcanzarse, en relación a la producción de electricidad de origen renovable para las dos próximas décadas, sitúa la potencia a instalar en el entorno de los 90.000 MW, lo que supondría que aproximadamente un tercio de la generación total de electricidad será de este tipo.

 

El coste insostenible de las primas

La última apuesta potente por parte de la Administración para impulsar esta generación supuso que el sistema de primas se mostrara claramente insostenible. Los consumidores, a través de la tarifa de acceso, debieron cubrir todos aquellos costes a los que se comprometió el Gobierno de España. Año tras año iban incrementándose, hasta que el déficit de tarifa llegó a unos límites que podían medirse en muchas décimas de PIB. Ocurría lo mismo con la deuda acumulada, cuyo tamaño era sencillamente para poner los pelos de punta.

De aquellos polvos estos lodos. Arbitrajes internacionales han de dirimir si los fondos de inversión tienen o no razón, en relación a las modificaciones legislativas que se realizaron posteriormente, con el objeto de reducir los costes del Sistema (no está tan claro, conforme a la postura de la CE). En el caso de los inversores españoles, estos recortes llegaron y no parece que se hayan atendido sus reclamaciones. Salvo una propuesta regulatoria que acaba de presentarse en el Senado para tratar mejor a los pequeños, con el dinero de todos los consumidores.

Ya hemos hablado de ello anteriormente: tenemos unos sobrecostes millonarios en el sistema eléctrico. Unos relativos a las primas a las renovables, cogeneración y residuos y otros, que no únicos, destinados a pagar intereses y amortización de la titulización de deuda. Es decir, aquello que teníamos que haber pagado en la tarifa de acceso en su momento y no lo hicimos.

Para hablar de justicia, no estaría de más hacerlo en el marco de la responsabilidad intergeneracional. Lo que no paguemos nosotros, generando déficits y financiándolo con deuda, lo pagarán nuestros hijos y nietos, ¿cuál es la razón objetiva?

 

Casi una década inmóviles

En cierta medida, la noticia sobre energía con la que han abierto los periódicos es bastante irrelevante para los consumidores. Al fin y al cabo, se trata de la aplicación de un procedimiento, previamente aprobado por el Ministerio.

Lo que sí interesa, y mucho, es saber qué va a proponer el nuevo equipo energético del Gobierno, más allá de declaraciones a los medios y de alguna que otra foto enseñando su mejor perfil.

Los que estamos en el sector seguimos esperando, después de ocho años, que el gobierno de turno ofrezca soluciones a temas tan candentes como la generación nuclear, el carbón, la planificación de las redes, los nuevos sistemas de gestión de la demanda, los impuestos medioambientales, el autoconsumo, la generación distribuida, la tarifa de acceso, la extensión de micro-redes, la paulatina introducción del coche eléctrico, el almacenamiento de energía eléctrica, los mecanismos de capacidad, etc.

En fin, un sistema en el que los consumidores naveguen sobre la seguridad jurídica no parece una carta a los Reyes Magos demasiado egoísta, toda vez que nos acabamos de enterar de que hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político, lo cual dicho de paso, además de esclarecedor es tranquilizador.

Salud.

 

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